Ecuador vota “no” en referéndum a seguir extrayendo petróleo del Amazonas

Entre los ríos Napo y Curaray, a unos 250 kilómetros al sur de Quito y en plena cuenca amazónica, se encuentra uno de los grandes tesoros de Ecuador, uno de los países con mayor biodiversidad del planeta: el parque nacional Yasuní. Una amplia zona de algo más de 10.000 km2, similar al tamaño de todo el Principado de Asturias, y que desde 1989 está considerada por la Unesco como una reserva de la biósfera. Un auténtico paraíso natural en el que viven más de 300 especies de anfibios y reptiles, casi 400 tipos de mamíferos y 600 especies de aves. El parque nacional es, también, el hogar de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario: los Tagaeri y Taromenane.

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Todas esas excepcionales características chocaban con una realidad caprichosa: la zona es rica en yacimientos de petróleo, uno de los principales pilares sobre los que se asienta la economía del país, así como con importantes reservas de minerales como el oro y el cobre. Todo ello se ha venido traduciendo en explotaciones puntuales en varios puntos del parque, ante la oposición de los principales grupos ecologistas y en defensa de los derechos de los indígenas.

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Desde este domingo, todos esos defensores del medio ambiente pueden presumir de haber logrado una victoria histórica: el voto afirmativo en el referéndum en el que se preguntó a la ciudadanía si detener o no la explotación petrolera en el bloque 43 del llamado ITT, siglas que responden a la denominación de las zonas de Ishpingo, Tiputini y Tambococha. Casi un 60% de los más de 10,2 millones de ecuatorianos llamados a las urnas refrendaron un sí que obliga a suspender la explotación actual, al tiempo que impide que se puedan firmar nuevos contratos para la extracción de este recurso.

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Ganó la vida. Ganó la esperanza, los pueblos aislados, el futuro como especie y el pulmón del mundo

El referéndum es fruto de un dictamen de la Corte Constitucional ecuatoriana, que fue la encargada de abrir la puerta a la celebración del plebiscito tras una petición impulsada por el colectivo ambientalista Yasunidos. Ahora, el Estado tendrá como máximo 18 meses para ejecutar los resultados de la consulta.

Alegría entre los ecologistas

La noticia ha sido recibida con entusiasmo por los ecologistas de todo el mundo. Especialmente por parte de Yasunidos. “Ganó la vida. Ganó la esperanza, los pueblos aislados, el futuro como especie y el pulmón del mundo”, declaró al poco de conocer el resultado del referéndum Sofía Torres, una de las portavoces del colectivo. Ahora, en opinión de Torres, “es el momento de crear un plan de retiro en coordinación con las organizaciones que impulsaron la consulta y con las nacionalidades indígenas”.

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En el otro lado de la balanza, los responsables de las explotaciones han mostrado su disconformidad con el resultado del referéndum. De entrada, critican el coste que tendrá desmantelar las instalaciones afectadas. Según los cálculos del Gobierno, el cese de operaciones en el Bloque 43-ITT causará un perjuicio al Estado de 1.200 millones de dólares al año en beneficios por la venta del crudo, lo que en el periodo de 20 años puede ascender a 13.800 millones de dólares. Las estimaciones del Ejecutivo también contemplan un coste de 500 millones de dólares para desmantelar unas instalaciones cuya construcción costó cerca de 2.000 millones de dólares.

Según los cálculos de los ecologistas, esas pérdidas serán mucho menores. Además, consideran que el crudo de Yasuní dejará de ser rentable en pocos años a medida que vaya descendiendo el precio del petróleo, mientras que el daño infligido al parque nacional sería irreparable.