El Centro de Protección Animal de Sevilla, en el punto de mira por presunto maltrato
Diversas asociaciones animalistas y sindicatos han denunciado la situación ante la justicia.
El abandono es una de las principales problemáticas de perros y gatos en nuestro país. Según la Fundación Affinity, el número total de estos animales abandonados y posteriormente rescatados en España en el año 2022, el último del que existen datos disponibles, ascendió a 288.457, aunque la cifra real podría ser mucho mayor.
Muchos de esos animales acaban en protectoras y centros municipales. Y en algunos de ellos, como en el de Sevilla, las condiciones podrían no ser las mejores para su bienestar. Eso es lo que han denunciado diversas asociaciones animalistas, que aseguran que se han producido numerosos casos de deshidratación, desnutrición, lesiones e incluso la muerte de más de una docena de animales, la mayoría de ellos gatos.
Por su parte, los sindicatos también han dado la voz de alarma. Los trabajadores, a través del sindicato CSIF, denuncian la falta de medios y de personal con la que deben afrontar las tareas del servicio municipal, lo que no hace sino agravar la ya de por sí precaria situación del centro.
El caso está en manos de la justicia. A lo largo de la segunda semana del próximo mes de abril tendrán que declarar en el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla varios testigos y peritos con motivo de las diligencias abiertas a raíz de las citadas denuncias.
Pero el caso viene de lejos: a finales del pasado mes de noviembre, la Audiencia Provincial de Sevilla obligó a reabrir el caso, dado que había sido sobreseído provisionalmente en julio. La Audiencia consideró que esa decisión había sido “prematura”, y que no se habían realizado las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido.
Primero el PSOE, luego el PP
El problema no entiende de partidos políticos: según las asociaciones animalistas, los casos de maltrato comenzaron bajo el mandato del anterior equipo de Gobierno municipal, del Partido Socialista, y han continuado con el actual, del Partido Popular. En ambos casos, según los denunciantes, se ha incumplido sistemáticamente la Ley de Bienestar Animal, que entró en vigor el pasado 29 de septiembre de 2023.
Esta normativa es clave para poder abordar la situación y establecer sanciones para el centro. Más allá de los casos de maltrato, contemplados específicamente en la Ley, los animalistas exigen que se cumplan aspectos como el método CER, que obliga a los ayuntamientos a llevar un control poblacional de los gatos callejeros, así como una adecuada alimentación, seguimiento y supervisión de estos animales.