Especial
El Mar Menor ya goza de personalidad jurídica
El Tribunal Constitucional ha avalado la ley que reconoce el “derecho a existir como ecosistema y a evolucionar naturalmente” de la laguna.
Ha costado, pero finalmente se ha conseguido: el Mar Menor ya tiene personalidad jurídica, lo que en la práctica se traducirá en mayor protección para sus aguas y los ecosistemas que dependen de él.
No ha sido fácil: aunque la Ley salió adelante en el Congreso a finales de 2022, Vox decidió recurrirla al Tribunal Constitucional. Y es ahora, dos años después, cuando el máximo organismo judicial ha dictado sentencia con siete votos a favor –los del sector progresista– frente a los cinco del sector conservador.
La sentencia establece que la ley recurrida es una norma singular que crea un nuevo tipo de persona jurídica, una realidad natural, buscando atribuirle "una serie de potestades en defensa de su propia existencia y recuperación". Con la ley en la mano, cualquier persona puede poner una denuncia en defensa del espacio natural con plena legitimidad y sin costes judiciales.
El Mar Menor es una de las joyas del levante español. Una singular albufera que, a lo largo de los años 60 y 70, creció de manera desmesurada al calor del desarrollismo franquista. Todo cambió cuando, en 1963, pasó de ser un espacio natural singular a convertirse en Centro de Interés Turístico, en virtud de una ley impulsada por el entonces Ministro de Turismo Manuel Fraga: toda la zona perdió cualquier tipo de protección, así como su singular vegetación y dunas, y se fue convirtiendo, poco a poco, en lo que es hoy: un mar de apartamentos, hoteles y bungalows para el disfrute del turista.
Mar vivo, mar muerto
Pero el turismo de masas tiene sus problemas. El progresivo deterioro de las aguas alcanzó su máximo exponente en otoño de 2019, cuando toneladas de peces aparecieron muertos en la orilla. El Mar Menor agonizaba, y sus aguas se habían convertido en lo que se conoció como una "sopa verde", sobre todo a causa de los continuos vertidos procedentes de la agricultura. Todo ello llevó a un grupo de activistas y juristas a presentar Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la que cambiar su estatus y que fuera reconocida su propia personalidad jurídica.
Para Vox, la protección "acaba con la propiedad privada"
Pese a que la propuesta contó con el apoyo de más de 640.000 firmas y salió adelante en el Congreso, hubo quien se opuso férreamente a ella. Vox decidió llevarla al Constitucional por considerar que "atenta contra la libertad de empresa", va contra “el sector agroalimentario, y "acaba con la propiedad privada en el entorno del Mar Menor". Una vez dictada la sentencia, esta joya natural está un poco más protegida.