Estas son las "subvenciones tóxicas" que dio el Gobierno de España en 2024
Greenpeace denuncia que España destinó el año pasado 23.300 millones de euros a ayudas que provocan daño al medio ambiente.
Greenpeace denuncia las "paguitas tóxicas". / Holloway
El dinero público debería destinarse al bien común. Pero a menudo, gran parte de esos fondos van a parar a causas, cuanto menos, cuestionables. Es lo que plantea la organización ecologista Greenpeace en un completo informe, bautizado 'De subvenciones tóxicas a inversiones responsables. Cómo poner el dinero público al servicio del bienestar'.
Greenpeace denuncia que España dedicó 23.330 millones de euros a "subvenciones completa o parcialmente dañinas" para el medio ambiente. El informe analiza una serie de sectores concretos: el agrario, el del transporte y la energía en los hogares, por ser "responsables del 50% de las emisiones y claves para la necesaria transición ecológica".
El citado dinero representa el 86% de los 27.100 millones de euros en subvenciones el año pasado. Dicho de otra manera: casi nueve de cada diez euros de dinero público de ese año analizados en los citados sectores tienen un impacto negativo al medio ambiente. Y no es poco dinero: supone un 1,7% del PIB. El año anterior, en 2023, alcanzaron un valor aproximado de 32.075 millones de euros (2,14% del PIB).
El 91% de las ayudas no están centradas en los grupos más vulnerables
Según el informe, el sector agrario concentra la mayor cantidad de subvenciones analizadas con 12.805 millones de euros (47,3%), seguido del sector transporte, con 10.293 millones (38%) y, por último, el sector vivienda (consumo energético) con 3.998 millones (14,8%). Greenpeace recuerda que el 91% de las ayudas son regresivas, lo que significa que su diseño e implementación "no están centrados en los grupos más vulnerables o en las pymes de los sectores más golpeados por las sucesivas crisis".
"Paguitas" con impacto medioambiental
Ese es el término que la organización emplea, literalmente, a la hora de definir unas ayudas que, en el caso del sector agrario, se articulan a través de la llamada Política Agraria Común (PAC). En opinión de los ecologistas, el sector "arroja el peor balance ambiental y social de los sectores analizados, y tiene a la PAC como principal responsable".
Asimismo, Greenpeace lamenta que el impacto de las inversiones en favor de la transición al vehículo eléctrico o híbrido se ve "limitado" por las subvenciones al gasóleo. "La inversión en renovación térmica está en un ritmo cuatro veces inferior al necesario para cumplir con los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)", añade.
Los ecologistas piden un inventario público de subvenciones ambientalmente dañinas
Para la organización ecologista, la solución pasa por que las administraciones públicas "cierren el grifo a las paguitas tóxicas" y dirija esos fondos "hacia sectores de mayor resiliencia en los que el bienestar de la ciudadanía y la acción climática vayan de la mano". También solicita que el Ejecutivo se comprometa a elaborar, a lo largo de este 2025, un inventario público de subvenciones ambientalmente dañinas y las revise de manera "justa y progresiva”.
Por último, Greenpeace hace una propuesta: apostar por lo que consideran "soluciones sostenibles". E incluso calcula el dinero que costarían. Así, doblar la acción climática y cumplir el Acuerdo de París supondría 25.000 millones de euros al año. Restaurar los ecosistemas dañados, 8.000 millones; llevar a cabo la rehabilitación energética de 600.000 viviendas al año, 8.000 millones; un abono único para todos los sistemas de transporte público en el Estado, 2.000 millones; un Fondo de Transición Agroecológica para la agricultura familiar, 1.690 millones; y un dividendo climático como protección de la inflación fósil, 4.138 millones.
