Casi dos tercios de los españoles respiran aire contaminado

En 2024, más de 31 millones de personas en España convivieron día tras día con niveles de contaminación que superan los nuevos límites legales marcados por la Unión Europea para 2030. Es la contundente conclusión del último informe de calidad del aire publicado por Ecologistas en Acción. A pesar de una ligera mejora respecto a años anteriores, el dato habla claro: el aire que respiramos sigue siendo un problema de salud pública de primer orden.

El estudio analiza datos de 790 estaciones de medición repartidas por todo el país, incluyendo aeropuertos y puertos clave. Y sí, hay matices. La calidad del aire mejoró respecto a 2023, con descensos notables en los niveles de partículas (PM10 y PM2,5), dióxido de nitrógeno (NO₂) y ozono troposférico. Comparado con la media del periodo 2012-2019, las reducciones van del 7% al 36 %. Pero con los nuevos estándares legales ya sobre la mesa, la realidad vuelve a ser incómoda: España no aprueba.

La contaminación afecta especialmente a zonas como Canarias, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, el interior catalán o Jaén

Concretamente, el 66% de la población vivió en 2024 expuesta a aire contaminado según los criterios de la nueva Directiva europea (2024/2881), aprobada en octubre pasado. Una meta que hay que alcanzar antes de 2030, pero que a día de hoy se ve aún lejana. Con la normativa actual, más laxa y desactualizada, el número se reduce a 8,4 millones de personas, un 17% de la población. La contaminación afecta especialmente a zonas como Canarias, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, el interior catalán o Jaén.

La cosa no se queda en los pulmones: también se ve afectada la vegetación. En 2024, más de 83.000 km² del territorio español —una sexta parte del país— sufrieron niveles de contaminación dañinos para la flora. Y si tomamos como referencia las recomendaciones mucho más exigentes de la OMS, entonces hablamos de la totalidad de la población expuesta y del 81 % del territorio nacional afectado.

Cambio climático y modelo urbano: la tormenta perfecta

El año pasado fue, además, el tercero más cálido en España desde que existen registros. Y eso no es un simple apunte climático: la estabilidad atmosférica en invierno y el calor extremo en verano dispararon los episodios de contaminación. En invierno, por las partículas en suspensión —algunas arrastradas desde el norte de África—. En verano, por el ozono, especialmente durante las olas de calor de julio y agosto. El cambio climático no es solo telón de fondo: es coprotagonista del deterioro del aire que respiramos.

Paradójicamente, hay una buena noticia escondida entre tanto dato gris: el sistema energético evolucionó. Las renovables cubrieron el 57% de la demanda eléctrica, y las centrales térmicas más contaminantes, como las de carbón, han ido desapareciendo. Aunque el petróleo volvió a sus niveles pre-COVID, el consumo de gas cayó, lo que ayudó a contener emisiones.

Las principales ciudades siguen por encima de los nuevos estándares europeos para 2030

las principales ciudades siguen por encima de los nuevos estándares europeos para 2030.

Pero el gran problema sigue estando donde siempre: en las ciudades. El tráfico rodado sigue siendo el principal culpable de la contaminación urbana. A esto se suman fábricas, centrales térmicas, aviones y barcos. En este escenario, las partículas PM10 dieron su peor versión en Canarias, con 1.640 superaciones del umbral de alerta. Y aunque Madrid y Barcelona cumplieron con los viejos límites legales de NO₂, las principales ciudades siguen por encima de los nuevos estándares europeos para 2030.

El ozono, por su parte, sigue siendo el contaminante más extendido y uno de los más ligados al cambio climático. Solo en julio y agosto se registraron 290 superaciones del umbral de información —la mayoría en Madrid— y seis superaciones del umbral de alerta en lugares como Puertollano o el puerto de Tarragona.

Y hay más. Por segundo año consecutivo, se superó en Huelva el objetivo legal para el arsénico, un cancerígeno derivado de la actividad industrial. En cuanto al benzopireno, otro cancerígeno vinculado a la quema de biomasa, no se superaron los límites legales, pero sigue siendo motivo de vigilancia.

El informe también lanza un dardo a la falta de transparencia institucional. La mayoría de la ciudadanía se siente mal informada —según el Eurobarómetro de 2022, un 61% de los españoles—. Y mientras tanto, los planes de mejora de la calidad del aire, obligatorios por ley, brillan por su ausencia en varias comunidades. Algunas, como Castilla y León o Cataluña, solo han actuado tras ser obligadas por la justicia. Otras, como la Comunitat Valenciana, ni eso.

Lo más sangrante es el incumplimiento de la obligación —vigente desde hace más de dos años— de implantar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. La mayoría de los municipios ni siquiera han hecho los deberes sobre el papel. Ecologistas en Acción propone que se les retire la financiación europea si no reaccionan.

Los colegios también son motivo de preocupación. Entre 2020 y 2024, la organización midió la calidad del aire en las entradas de centros escolares con tráfico denso en 30 ciudades. Resultado: los niveles de contaminación superaban incluso a los de las estaciones oficiales. Las niñas y niños, respirando a diario por encima de lo recomendado, sin que apenas nadie mueva un dedo.

La conclusión del informe es clara: la contaminación del aire debe tratarse como una emergencia sanitaria. Solo en 2022, hasta 30.000 personas murieron prematuramente en España por enfermedades vinculadas a la polución, según la Agencia Europea de Medio Ambiente. Unos 10.000 de esos fallecimientos ocurrieron durante picos de contaminación, según el Instituto de Salud Carlos III. El coste económico asciende a 50.000 millones de dólares anuales, un 3,5 % del PIB nacional.

Ecologistas en Acción celebra la aprobación de la nueva Directiva europea, pero pide que no se quede en papel mojado. Exigen medidas urgentes y eficaces, planes de calidad del aire reales y una transposición ágil de la norma al marco español. Porque no se trata solo de cumplir con Europa: se trata de respirar.