¿Pagarán los ricos la factura climática de los pobres? El fallo de la CIJ, al detalle
La Corte Internacional de Justicia ha dictado una sentencia muy aplaudida por los ecologistas. En El Eco de LOS40 desgranamos sus claves.
El fallo del TIJ podría cambiar las reglas del juego. / krisanapong detraphiphat
Se trata de una sentencia histórica. El Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya ha dejado claro algo que, aunque pueda sonar obvio, nunca había sido respaldado con tanta contundencia desde lo más alto del derecho internacional: los países tienen la obligación legal de cumplir con sus compromisos climáticos. Y si no lo hacen, podrían abrir la puerta a que otros Estados les pidan cuentas... y reparaciones.
Concretamente, el TIJ ha fallado a favor de Vanuatu, un pequeño país insular del Pacífico Sur que lleva años siendo símbolo de la lucha contra la crisis climática, pues sus habitantes sufrirían sus consecuencias gravemente: allí, el mar sube cada año 11 centímetros. El mensaje es claro: la inacción climática no es solo un problema político o ambiental, también puede ser una violación del derecho internacional.
El tribunal sostiene que los países deben hacer todo lo posible por mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C, el límite que marca la ciencia como barrera crítica. "Los tratados sobre cambio climático establecen obligaciones estrictas para los Estados, y su incumplimiento puede constituir una violación del derecho internacional", sentenció el juez Yuji Iwasawa. Dicho de otra manera: las promesas climáticas ya no son meras declaraciones, sino compromisos con peso jurídico y político.
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Vista aérea de Vanuatu, en el Pacífico. / @ Didier Marti
Vista aérea de Vanuatu, en el Pacífico. / @ Didier Marti
La resolución, que ha sido aplaudida por los principales grupos ecologistas y gobiernos como el de España, también señala que los propios gobiernos y las empresas están obligados a frenar el calentamiento global y compensar a las comunidades más afectadas. Esto incluye medidas tan contundentes como el posible cese de la producción de combustibles fósiles. Aunque el fallo no es vinculante —el TIJ no tiene autoridad para imponer sanciones directas—, sí supone un cambio de juego: establece un marco legal que otros tribunales podrán usar como referencia en litigios futuros.
Un pequeño país, una gran victoria
Vanuatu, uno de los países más vulnerables al aumento del nivel del mar, fue quien impulsó la consulta. Con el apoyo de más de 100 naciones, la Asamblea General de la ONU pidió al TIJ que definiera cuáles son las obligaciones de los Estados frente al cambio climático y qué consecuencias acarrea no cumplirlas.
"Quienes menos han contribuido a esta crisis merecen protección, reparación y un futuro"
El resultado es un documento que muchos consideran un salvavidas legal para las comunidades que están en primera línea de la crisis. "Quienes menos han contribuido a esta crisis merecen protección, reparación y un futuro", dijo Vishal Prasad, de la asociación Estudiantes de las Islas del Pacífico que Luchan contra el Cambio Climático.
El tribunal también ha reconocido que un "medio ambiente limpio, saludable y sostenible" es un derecho humano. Este reconocimiento abre un frente jurídico nuevo: no actuar contra el cambio climático podría implicar violar derechos fundamentales como el acceso al agua, la alimentación e incluso la vida.
La decisión llega en un momento en que los litigios climáticos se multiplican: hay más de 3.000 casos abiertos en casi 60 países. Algunos ya han sentado precedentes importantes, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Suiza por su inacción climática o la reciente opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que vincula cambio climático y derechos humanos en América Latina.
No es casualidad que esta oleada legal coincida con un estancamiento de las negociaciones internacionales. Mientras las cumbres del clima se enredan en declaraciones y compromisos que avanzan a paso lento, la vía judicial se está convirtiendo en un nuevo campo de batalla para frenar la crisis.
"La era de la impunidad ha terminado"
Aunque Estados Unidos y otros países no reconozcan automáticamente la autoridad legal del TIJ, el respaldo de la Asamblea General de la ONU añade presión política. Y si bien el dictamen no obliga de manera directa, sí marca una hoja de ruta que gobiernos y corporaciones tendrán difícil ignorar. Además, el fallo llega a pocos meses de la próxima cumbre del clima en Brasil, donde este argumento legal pesará tanto como los datos científicos. "La era de la impunidad ha terminado", resume Tasneem Essop, directora de Climate Action Network International.
En resumen, lo que ha pasado en La Haya no es solo una victoria para Vanuatu: es un aviso al mundo. Los Estados ya no podrán alegar que el cambio climático es solo una cuestión de voluntad política. A partir de ahora, también será una cuestión de responsabilidad legal. Y, como señala el juez Iwasawa, se trata de una "amenaza urgente y existencial" que exige actuar ya.
