Los jets privados, en el punto de mira: ¿llega por fin el impuesto que temen los ricos?

Es una de esas grandes verdades que siempre hay que tener en cuenta cuando hablamos de proteger el planeta: todos los seres humanos contaminamos, pero algunos (mucho) más que otros. Por eso, la pregunta es pertinente: ¿hasta qué punto hay que hacerles pagar la factura a quienes más contribuyen a la degradación medioambiental?

En la COP30, que se celebra estos días en Belém (Brasil), España y Francia han movido ficha en este sentido. Lo han hecho presentadno una propuesta respaldada por varios países para imponer una tasa adicional a los vuelos de lujo, es decir, tanto a los billetes de primera clase en vuelos comerciales como a los vuelos en aviones privados. Según la embajadora española, María del Mar Fernández-Palacios, "quienes contaminan más deben aportar más". La idea es que este impuesto sobre viajes premium genere “miles de millones” de euros para financiar la resistencia climática, la adaptación al cambio climático y el desarrollo sostenible.

El 1 % de la población mundial es responsable de una parte desproporcionada de las emisiones

Este planteamiento también cuenta con el apoyo del embajador francés Benoît Faraco, quien ha subrayado que gravar vuelos lujosos refleja "el espíritu del Acuerdo de París": solidaridad y justicia climática. A la coalición que promueve esta medida ya se han sumado países como Benín, Kenia o Nigeria, y otras naciones observadoras como Brasil, Antigua y Barbuda o Fiyi. Su argumento es claro: el 1 % de la población mundial, que usa los aviones más contaminantes, es responsable de una parte desproporcionada de las emisiones del transporte aéreo.

Licencia para contaminar

Los datos científicos refuerzan esa preocupación. De acuerdo con un informe del International Council on Clean Transportation (ICCT), los jets privados emitieron en 2023 cerca de 19,5 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, lo que equivale a aproximadamente el 4 % de las emisiones totales de la aviación civil en ese año. Según el mismo estudio, un avión privado medio genera anualmente unas 810 toneladas de emisiones, lo que equivale a las emisiones de 177 automóviles o nueve camiones pesados.

Más alarmante aún es la tendencia reciente: otro análisis revela que entre 2019 y 2023 las emisiones de CO₂ de la aviación privada aumentaron un 46 %, alcanzando las 15,6 millones de toneladas en 2023. Por pasajero, los vuelos privados son mucho más intensivos en carbono: algunas estimaciones indican que emiten entre 5 y 14 veces más CO₂ que un vuelo comercial, y hasta 50 veces más que un tren por pasajero.

Quienes defienden la tasa especial sostienen que no se trata solo de cantidad, sino de equidad: los vuelos lujosos son utilizados mayoritariamente por personas muy ricas que pueden permitirse el coste extra, y gravarlos no solo reduce emisiones, sino que canaliza fondos hacia soluciones climáticas. Además, según la ICCT, el patrón habitual de muchos vuelos privados es de distancias cortas: alrededor de la mitad cubren menos de 900 km y duran menos de dos horas, lo que abre la puerta a sustituir esos trayectos por trenes de alta velocidad, menos contaminantes.

Frente a estas propuestas, algunos defienden que la aviación es ya objeto de impuestos y tasas, y que aplicar más gravámenes podría encarecer el transporte aéreo para otros viajeros. Pero para los proponentes de la tasa sólida para vuelos premium, ese coste añadido es un precio justo: "los que más contaminan deben pagar más, y los recursos generados deben destinarse a quienes sufren más el cambio climático", ha declarado Fernández-Palacios.

Implementar esta tasa también podría servir como señal internacional: fortalecer el multilateralismo, incentivar tecnologías más limpias (combustibles sostenibles, jets más eficientes), y diseñar un sistema fiscal que reconozca que no todos los vuelos son iguales en su impacto climático. En palabras de sus defensores, no solo es una cuestión de recaudar, sino de redistribuir responsabilidad: que el lujo en el aire no sea ajeno al costo climático que el mundo entero debe asumir.