España gasta cuatro vez más en dañar la naturaleza que en protegerla
Un informe revela que miles de millones en ayudas públicas están acelerando la pérdida de biodiversidad mientras la conservación sigue infrafinanciada.
Flamencos en el Parque Nacional de Doñana. / Photo by Victor Ovies Arenas
El Estado español está invirtiendo mucho más dinero en actividades que destruyen la naturaleza que en cuidarla. Cuatro veces más, para ser exactos. Es la principal conclusión de un nuevo informe elaborado por Ecologistas en Acción junto a Economistas sin Fronteras, que pone cifras concretas a una contradicción que lleva años denunciándose: la incoherencia entre los discursos políticos sobre sostenibilidad y la realidad de las cuentas públicas.
La investigación, titulada 'Incentivos perversos', ha durado un año y es la primera de este tipo realizada en España, analiza las subvenciones y ventajas fiscales que reciben los sectores agrario, pesquero y forestal. Según el informe, solo en 2024 las administraciones públicas concedieron unos 8.000 millones de euros a actividades y empresas directamente relacionadas con la pérdida de biodiversidad. Frente a eso, el presupuesto anual destinado a conservar y restaurar la naturaleza (sumando Presupuestos Generales del Estado y fondos europeos) ronda los 2.000 millones de euros.
La biodiversidad, un equilibrio frágil. / Brais Seara
La biodiversidad, un equilibrio frágil. / Brais Seara
El desequilibrio es evidente. Y no es solo una cuestión ambiental, también económica. España tiene una brecha financiera de 3.500 millones de euros para cumplir con el Convenio de Diversidad Biológica. El propio informe señala que esa brecha podría cerrarse reformando, reconduciendo o eliminando las subvenciones más perjudiciales para los ecosistemas, sin necesidad de aumentar el gasto público total.
LOS40
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Promesas incumplidas
El problema es que ese compromiso ya existía… y no se ha cumplido. El Gobierno se había marcado como objetivo transformar al menos el 50 % de las subvenciones dañinas antes de 2025, tal y como recoge el Plan estratégico estatal del patrimonio natural y de la biodiversidad a 2030. También es una obligación recogida en la Meta 18 del Marco Mundial Kunming-Montreal. Pero, a día de hoy, esos cambios siguen sin llegar.
El sistema actual favorece sobre todo a grandes empresas y lobbies
El informe detalla que el 85 % de las ayudas más problemáticas son subvenciones directas. Muchas proceden de fondos europeos, como la PAC para el sector agrario y forestal o el FEMPA para la pesca. También se señalan fondos Next Generation vinculados a la intensificación de regadíos o a la producción de bioenergía mediante la quema de biomasa forestal. A eso se suman exenciones fiscales que benefician, por ejemplo, al uso de plaguicidas, fertilizantes o al combustible para la pesca profesional.
Desde Ecologistas en Acción subrayan que las subvenciones públicas son necesarias y que el sector primario necesita apoyo. El problema es cómo se reparten. El sistema actual, denuncian, favorece sobre todo a grandes empresas y lobbies, mientras deja en peor situación a pequeños productores y productoras, que suelen tener menos renta pero generan más riqueza y empleo en el territorio.
Reorientar las ayudas hacia prácticas que cuiden el suelo, el agua, los bosques y los mares no solo serviría para frenar la pérdida de biodiversidad. También sería una oportunidad para fortalecer la economía rural y costera más vulnerable. En juego no está solo la naturaleza, sino el modelo de país que se está financiando con dinero público.
Dani Cabezas
Periodista y músico madrileño, fui durante años el responsable de la sección de Música del diario 20...
