Consumo prohibirá la venta de las bebidas energéticas a menores de 16 y restringirá las de alta cafeína hasta los 18

En España, el consumo de bebidas energéticas entre los jóvenes lleva años generando preocupación entre autoridades sanitarias y organizaciones dedicadas a la salud pública. El Ministerio de Consumo ha decidido dar un paso adelante y anunciar una normativa que prohibirá la venta de todas las bebidas energéticas a menores de 16 años y, además, restringirá hasta los 18 aquellas que contienen más de 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros. El objetivo es frenar los efectos adversos que, según numerosos estudios, estas bebidas ocasionan en adolescentes, incluyendo insomnio, ansiedad y alteraciones cardiovasculares.

Esta nueva regulación llega en un momento en el que el consumo entre menores continúa en aumento y las cifras preocupan tanto al Gobierno como a la comunidad científica. Según datos recientes, un 38,4% de los estudiantes de entre 14 y 18 años reconoce haber tomado bebidas energéticas en el último mes, y casi la mitad de quienes las consumen lo hace a diario. Además, la mezcla de estos productos con alcohol sigue siendo una práctica extendida entre jóvenes, pese a los riesgos que implica. Con la futura normativa, Consumo pretende armonizar medidas dispersas que ya se aplicaban en algunas comunidades autónomas e impulsar una protección más sólida de la salud juvenil.

Un problema de salud pública que deja de ser invisible

El anuncio fue realizado por Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, antes de reunirse en Barcelona con representantes de la Gasol Foundation, entidad dedicada a combatir la obesidad infantil. Bustinduy destacó la "evidencia científica" que demuestra que las bebidas energéticas "se han convertido en una amenaza para la salud de las personas jóvenes", un mensaje que coincide con las advertencias del Comité Científico de la AESAN desde 2021. En dicho informe ya se alertaba de que el consumo elevado de cafeína puede producir alteraciones del sueño, efectos psicológicos adversos y trastornos cardiovasculares, especialmente en menores.

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Además del riesgo asociado a la cafeína, estudios recientes subrayan que la exposición continuada a mensajes publicitarios dirigidos a adolescentes contribuye a la normalización del consumo y a la percepción de que se trata de productos inocuos. Por ello, el Ministerio también contempla nuevas limitaciones en la publicidad de bebidas energéticas, siguiendo la línea de otros países europeos que han aplicado medidas similares, como Reino Unido, Alemania, Polonia o Portugal. La idea es reducir la presión comercial sobre menores, que representan un público particularmente vulnerable a estrategias de marketing basadas en estímulos visuales y promesas de rendimiento inmediato.

Apoyo social mayoritario y necesidad de una regulación homogénea

Uno de los aspectos que más ha destacado el Gobierno es el fuerte respaldo social a la medida. Según el barómetro de la AESAN, nueve de cada diez personas en España apoyan restringir el consumo de bebidas energéticas entre menores, y lo hacen también los propios jóvenes de entre 18 y 35 años, con un 88,3% de apoyo. Para Bustinduy, este consenso demuestra que la regulación llega en el momento adecuado y que difícilmente encontrará oposición significativa. Algunas comunidades autónomas, como Asturias y Galicia, ya habían dado pasos previos con prohibiciones parciales desde 2025, lo que refuerza la necesidad de un marco estatal unificado que acabe con la disparidad normativa.

El debate, no obstante, también trasciende los límites nacionales. En el contexto europeo, existen diferencias en los estándares de advertencia sobre la cafeína. Mientras que la futura normativa española fijará un umbral restrictivo a partir de 32 miligramos por cada 100 mililitros, otros países establecen avisos desde cantidades considerablemente inferiores. Esto genera un escenario en el que los consumidores, especialmente jóvenes, pueden no identificar claramente los riesgos según la marca o el país de origen del producto. Sin embargo, el paso dado por España permite simplificar el enfoque y consolidar un mensaje más contundente: la salud infantil y juvenil es prioritaria.