El mayor parque eólico de España, bajo sospecha

La necesaria transición energética vive uno de sus momentos más delicados en España. Lo que iba a ser el mayor parque eólico del país, con 125 molinos previstos en la provincia de Teruel, podría quedar paralizado por decisión judicial. ¿El motivo? Una investigación que apunta a posibles irregularidades en la tramitación ambiental del proyecto y que ha terminado con varios detenidos, entre ellos un conocido empresario del sector renovable y un ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica.

Para entender el caso hay que empezar por el corazón de cualquier gran proyecto energético: la declaración de impacto ambiental. Sin ese visto bueno, ningún macroparque puede construirse. Entre 2022 y 2023, en pleno boom renovable, cientos de iniciativas competían por obtener luz verde. Según la investigación judicial, en ese contexto se habría tejido una red para favorecer determinados proyectos frente a otros, tal y como detalla el diario 'El País'.

En el centro del caso está una potente empresa de energías renovables con fuerte implantación en Aragón. Los investigadores sospechan que su máximo responsable habría mantenido contactos estrechos y frecuentes con responsables clave de la evaluación ambiental. El objetivo, siempre según las pesquisas, sería allanar el camino administrativo de sus parques eólicos y solares.

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La Justicia investiga supuestas contraprestaciones económicas que afectan a notarios, intermediarios y familiares

La figura más sensible es la de un ex subdirector general de Evaluación Ambiental, el departamento que analiza si los proyectos cumplen la normativa y si sus impactos son asumibles. La Guardia Civil sostiene que este ex alto cargo habría creado un sistema de tramitación paralelo para supervisar personalmente expedientes vinculados a la empresa investigada. Incluso después de jubilarse, habría mantenido vínculos profesionales que ahora están bajo lupa.

La investigación también apunta a la existencia de sociedades interpuestas y operaciones mercantiles complejas que podrían haber servido para canalizar supuestas contraprestaciones económicas. Notarios, intermediarios y familiares figuran en el sumario como piezas de un complejo engranaje societario diseñado, presuntamente, para dificultar el rastreo del dinero.

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¿Y qué pasa con el parque eólico? El llamado Clúster del Maestrazgo aún no ha empezado a construirse, pero podría sufrir un parón cautelar. La Guardia Civil ha advertido de posibles daños ambientales irreversibles si se ejecuta el proyecto mientras se aclaran los hechos. El juez debe decidir ahora si lo suspende temporalmente hasta que avance la causa.

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Los delitos que se investigan son graves: prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. De confirmarse, no solo estaríamos ante un caso de corrupción, sino ante un golpe directo a la credibilidad del sistema de evaluación ambiental en plena transición verde.

Además, el proyecto ha suscitado toda clase de protestas por parte de vecinos y grupos ecologistas. Las críticas no se centran tanto en la energía eólica en sí como en la escala, el modelo de implantación y el impacto sobre biodiversidad. Muchos recuerdan que la eergía generada no está pensada prioritariamente para el consumo local, sino para evacuarla hacia grandes núcleos urbanos o industrias, mientras el territorio asume el impacto. Dicho de otra manera: renovables sí, pero no así.

Más allá de esas protestas, el caso abre un debate incómodo, pero muy necesario: cómo acelerar la implantación de energías renovables sin debilitar los imprescindibles controles ambientales, que a menudo resultan insuficientes al estar sujetos a los omnipresentes intereses económicos.