La victoria del lobo: la justicia da la razón a los ecologistas y no permitirá su caza en Asturias

El lobo gana una batalla clave en Asturias. El Tribunal Superior de Justicia de la región ha anulado el programa que permitía su control letal entre 2025 y 2026, dando la razón a las organizaciones ecologistas que habían recurrido la decisión del Principado.

La resolución judicial tumba de lleno la estrategia que contemplaba abatir hasta 53 ejemplares de esta especie hasta marzo de 2026, de los que ya se han matado en torno al 80% El motivo de la decisión es claro: la administración autonómica no tenía base legal suficiente para autorizar estas actuaciones.

Según la Justicia, el marco legal cambió y Asturias no lo adaptó a tiempo

El núcleo del fallo está en un cambio normativo que lo altera todo. El tribunal considera que el plan asturiano de gestión del lobo, aprobado en 2015, quedó "tácitamente derogado" tras la entrada en vigor de una norma estatal en 2021 que incluyó al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. En otras palabras, el marco legal cambió y Asturias no lo adaptó a tiempo.

Esto tiene consecuencias directas. Si el plan que sustenta las batidas ya no es válido, cualquier programa que se base en él queda automáticamente sin respaldo jurídico. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido.

Además, la sentencia introduce otro elemento importante: el estado de conservación del lobo. Los magistrados subrayan que es “desfavorable”, lo que refuerza la idea de que no se pueden autorizar controles letales de forma generalizada. La protección de la especie, en este contexto, pasa a ser prioritaria.

A espaldas de la ciudadanía

Los ecologistas también denunciaban la falta de participación pública en la elaboración del programa. El tribunal les da la razón en este punto, recordando que decisiones con impacto ambiental y social no pueden tomarse sin contar con la ciudadanía.

Desde el Gobierno asturiano, sin embargo, rebajan el alcance del fallo. Aseguran que se refiere a un programa ya superado y que no afecta a la gestión actual. Aun así, la sentencia deja un mensaje claro: sin un nuevo plan adaptado a la normativa estatal, cualquier intento de autorizar la caza del lobo puede acabar de nuevo en los tribunales.

El escenario que se abre ahora es de incertidumbre. El Principado deberá replantear su política desde cero si quiere regular la convivencia entre el lobo y la ganadería. Mientras tanto, la especie queda, al menos de momento, fuera del alcance de las batidas.