Greenpeace, herida de muerte por una petrolera donante de Trump

Greenpeace atraviesa uno de los momentos más delicados de sus más de 50 años de historia. Un jurado de Dakota del Norte ha declarado culpable a la organización ecologista en el juicio impulsado por la petrolera Energy Transfer, que reclamaba cientos de millones de dólares por las protestas contra el oleoducto Dakota Access. El veredicto obliga ahora a Greenpeace a pagar 345 millones de dólares, una cifra que podría provocar el cierre de sus operaciones en Estados Unidos.

El caso se remonta a 2016, cuando miles de personas lideradas por la tribu sioux de Standing Rock protestaron contra la construcción del oleoducto, que atravesaba territorios indígenas y amenazaba fuentes de agua vitales para las comunidades del lugar. Aquellas movilizaciones se convirtieron en un símbolo mundial del activismo climático y de la defensa de los derechos indígenas.

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Energy Transfer, una gigantesca compañía petrolera valorada en decenas de miles de millones de dólares, acusó entonces a Greenpeace de organizar una campaña de "desinformación” y de promover acciones ilegales durante las protestas. La empresa está presidida por Kelcy Warren, multimillonario y uno de los principales donantes de Donald Trump.

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Silenciar la protesta

Desde Greenpeace aseguran que el juicio ha sido un intento de silenciar la protesta social. “Es un momento triste para el activismo y la desobediencia civil, pero este veredicto no es el final de nuestra lucha contra las grandes corporaciones”, señaló la organización tras conocerse la decisión del jurado. “Quieren silenciarnos pero no lo van a conseguir”.

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La ONG sostiene además que apenas tuvo un papel secundario en las movilizaciones y recuerda que fueron los propios sioux quienes lideraron las protestas. La presidenta de la tribu de Standing Rock, Janet Alkire, acusó a la petrolera de intentar “silenciar toda voz” que apoye a las comunidades indígenas afectadas por el oleoducto.

El proceso judicial ha estado rodeado de polémica desde el principio. Greenpeace denunció que muchos miembros del jurado tenían vínculos con la industria petrolera o posiciones contrarias a las protestas ecologistas. También criticó que el juicio se celebrara en un estado profundamente dependiente del negocio del petróleo y el gas.

Numerosas organizaciones internacionales consideran este caso un ejemplo claro de las llamadas demandas SLAPP (acrónimo de Strategic Lawsuit Against Public Participation), una estrategia legal utilizada por grandes empresas para desgastar económicamente a activistas, periodistas u organizaciones incómodas. Aunque estas demandas no siempre terminan con condenas, los costes judiciales y la presión económica pueden acabar debilitando seriamente a quienes las sufren.

"No retrocederemos y no nos silenciarán", aseguran los ecologistas

Greenpeace asegura que recurrirá la sentencia en Estados Unidos y que además llevará a Energy Transfer ante los tribunales europeos utilizando la nueva directiva anti-SLAPP aprobada por la Unión Europea. "La lucha contra las grandes petroleras no ha terminado hoy", afirmó Kristin Casper, consejera general de Greenpeace Internacional. "No retrocederemos y no nos silenciarán".

La condena llega además en un contexto político especialmente hostil para el movimiento ecologista en Estados Unidos. Durante la presidencia de Trump ya se desmantelaron numerosas regulaciones medioambientales y ahora organizaciones como Greenpeace temen que la presión contra el activismo climático vaya todavía más lejos.