Ariana Grande gana la batalla judicial para descubrir quién hackeó y filtró sus canciones inéditas durante más de diez años
Un juez permite a la artista pedir a terceros los datos que pueden conducir hasta los responsables
Ariana Grande se alejará de los reflectores por un tiempo / Christopher Polk/2026GG
Ariana Grande ha dado un paso importante para intentar poner nombre y apellidos a las personas que, según su demanda, llevan años accediendo de forma ilegal a material relacionado con su carrera. Un juez de Los Ángeles ha autorizado a la cantante a acelerar la obtención de información de terceros que pueda servir para identificar a los responsables de los ataques y de las posteriores filtraciones.
La decisión judicial llega pocas semanas después de que Grande acudiera a los tribunales para denunciar una situación que afecta a material profesional y privado acumulado durante años. Su equipo sostiene que varias personas han conseguido entrar en cuentas digitales pertenecientes a fotógrafos, productores y otros colaboradores de la artista, desde donde habrían obtenido archivos que después terminaron circulando o vendiéndose en internet.
El juez Mark H. Epstein aceptó la petición el martes. En su resolución consideró que no tenía demasiado sentido mantener el periodo de espera habitual cuando todavía no existe una persona concreta a la que notificar la demanda: "Como no hay a quién se le puede notificar, no tiene mucho sentido esperar los 16 días"
El magistrado añadió que la petición presentada por el equipo de Grande estaba suficientemente justificada.
Cuál es la demanda de Ariana Grande
La demanda presentada el 27 de julio describe una sucesión de accesos no autorizados que habría comenzado años atrás. El alcance del material supuestamente sustraído va mucho más allá de unas cuantas canciones que alguien haya conseguido antes de su lanzamiento.
Los documentos judiciales mencionan canciones inéditas, grabaciones de sesiones de estudio, vídeos musicales y fotografías vinculadas al trabajo de Grande. Parte de ese contenido habría sido obtenido a través de las cuentas de profesionales que colaboraban con ella y que almacenaban archivos relacionados con sus proyectos.
El caso resulta especialmente llamativo por la cantidad de material que habría acabado fuera del control de la cantante. Según la demanda, las filtraciones se habrían producido durante aproximadamente una década y media, con episodios que afectan a distintas etapas de su trayectoria.
Uno de los años que aparece señalado en la documentación es 2023. De acuerdo con la acusación de Grande, los hackers consiguieron entonces acceder a 45 canciones que todavía no habían sido publicadas y posteriormente las difundieron.
La demanda también apunta a una posible motivación económica. El equipo jurídico de Grande afirma que los responsables habrían vendido información y contenido robado por cantidades importantes de dinero.
Según la versión de la artista, detrás de los accesos habría existido un patrón destinado a conseguir material y posteriormente sacarle rendimiento económico.
Los abogados describen además el uso de técnicas de phishing y ataques informáticos contra las cuentas de personas que habían trabajado estrechamente con Grande. En lugar de atacar necesariamente a la cantante de forma directa, los responsables habrían encontrado una vía de entrada a través de personas de su entorno profesional.
Por qué Ariana Grande quiere agilizar el proceso
La urgencia de la petición tiene que ver precisamente con esa información digital. El equipo de Grande teme que, si la investigación avanza demasiado despacio, puedan desaparecer datos de cuentas, registros de suscriptores e información de inicio de sesión que permitan seguir el rastro de los responsables.
Los servicios digitales no conservan necesariamente todos los datos de una cuenta durante el mismo tiempo. Para los abogados de la cantante, cada día puede ser importante si determinados registros terminan eliminándose o dejan de estar disponibles.
Por eso solicitaron un procedimiento de descubrimiento de pruebas acelerado. La intención es conseguir primero la información que permita identificar a los demandados anónimos y, a partir de ahí, continuar con el procedimiento contra personas concretas.
