Cinco años de cárcel por defender el medio ambiente: el juicio que arrincona a Greenpeace
Once activistas de Greenpeace se sientan este miércoles en el banquillo por una protesta de 2021 contra un buque gasero en Sagunto.
La acción de Greenpeace tuvo lugar en 2021 (foto: Pedro Armestre/Greenpeace). / Pedro Armestre
Periodista y músico. He trabajado en 20 Minutos, la SER, Ciclosfera, La Sexta o Vice. Ahora escribo sobre cultura y medio ambiente en El Eco de LOS40, eldiario.es, Time Out, El Salto o La Marea.
Ocurrió el 26 de octubre de 2021 en el puerto de Sagunto, en Valencia. Aquel día, miembros de Greenpeace trataron de impedir la entrada del Merchant, un buque procedente de Estados Unidos que transportaba unos 183.000 metros cúbicos de gas hasta la planta regasificadora de Enagás.
Para llevar a cabo la protesta, los activistas utilizaron el barco Esperanza, que bloqueó durante unas 12 horas el acceso a la terminal. Varias embarcaciones se aproximaron al buque gasero y algunos participantes pintaron en su casco el mensaje "NO + GAS". Otro de los activistas se ató al ancla del Esperanza mientras mostraba un cartel contra el uso del gas. La intervención terminó con la actuación policial y la detención de varios participantes.
La acción formaba parte de una campaña de Greenpeace contra la utilización de gas fósil y otras fuentes de energía contaminantes. La organización defendía entonces un abandono progresivo de este combustible, presentado habitualmente como una alternativa menos contaminante que otros combustibles fósiles, pero que sigue generando emisiones de gases de efecto invernadero.
Los once acusados están procesados por un delito de desórdenes públicos agravados
Cinco años después, aquella protesta ha terminado en los tribunales. Los once acusados están procesados por un delito de desórdenes públicos agravados, una figura del Código Penal que contempla penas de prisión cuando determinadas alteraciones del orden público presentan circunstancias agravantes. La Fiscalía considera que los hechos encajan en este delito y solicita cinco años de cárcel para cada uno.
La petición fiscal no equivale a una condena. El juicio que comienza este miércoles en València deberá determinar qué ocurrió exactamente durante aquella protesta, qué responsabilidad corresponde a cada uno de los acusados y si los hechos pueden ser considerados constitutivos del delito por el que se les acusa. Hasta que exista una sentencia firme, los once mantienen su condición de acusados.
El ojo desplegado por Greenpeace en Sagunto (foto: Pedro Armestre/Greenpeace).
Con motivo del juicio, Greenpeace desplegó este lunes un ojo de 530 m² en el Hemisfèric de Valencia con el mensaje “The world is watching” (“El mundo está observando”) en defensa de los activistas acusados.
Jueces vs activistas
El caso de Sagunto se enmarca en un fenómeno más amplio: el aumento de los procesos judiciales contra activistas climáticos por acciones de desobediencia civil. En los últimos años, diferentes organizaciones ecologistas han recurrido a bloqueos de carreteras, protestas en instalaciones energéticas, acciones en aeropuertos o intervenciones sobre obras de arte para llamar la atención sobre la emergencia climática.
Uno de los ejemplos más conocidos se encuentra en Reino Unido. Activistas de Just Stop Oil han recibido penas de prisión por acciones de protesta relacionadas con su campaña contra los combustibles fósiles. En 2024, varios integrantes de la organización fueron condenados por una acción relacionada con el bloqueo de una carretera. Algunas de esas penas fueron posteriormente revisadas y reducidas por los tribunales británicos.
Greenpeace ha afrontado procedimientos judiciales en otros países
También Greenpeace ha afrontado procedimientos judiciales en otros países. En Francia, nueve activistas fueron condenados en 2024 por una protesta en el aeropuerto Charles de Gaulle en la que pintaron parcialmente de verde un avión para denunciar las emisiones de la aviación. Las condenas incluyeron multas y restricciones de acceso a determinados aeropuertos.
En España, otro procedimiento contra Greenpeace tuvo un desenlace diferente. En 2024, un juzgado de Pamplona absolvió del delito de allanamiento a ocho activistas que habían participado en una protesta en una macrogranja de Caparroso. El tribunal sí impuso multas por los daños ocasionados durante la acción.
Los tribunales deben decidir hasta qué punto esas conductas encajan en los delitos que contempla la legislación
Todos estos casos plantean un debate sobre los límites legales de la protesta y la desobediencia civil. Una acción puede perseguir una reivindicación política o medioambiental y, al mismo tiempo, generar consecuencias jurídicas cuando afecta a instalaciones, bienes, actividades económicas o derechos de terceros. La cuestión que deben resolver los tribunales es hasta qué punto esas conductas encajan en los delitos que contempla la legislación.