Más de 51.000 firmas contra la matanza de lobos en Asturias
El plan del Principado permite abatir hasta 67 ejemplares, de los que ya se habría ejecutado a siete. Organizaciones ecologistas piden a la Justicia que lo suspenda, mientras entidades vinculadas a la caza y la ganadería defienden que continúe.
La presencia del lobo ibérico en algunas zonas de España se ha incrementado en los últimos años. / Miguel A. Quintas V. / 500px
Periodista y músico. He trabajado en 20 Minutos, la SER, Ciclosfera, La Sexta o Vice. Ahora escribo sobre cultura y medio ambiente en El Eco de LOS40, eldiario.es, Time Out, El Salto o La Marea.
El lobo vuelve a situarse en el centro de una intensa batalla entre quienes reclaman su protección y quienes consideran necesario controlar sus poblaciones. Una campaña iniciada en Change.org ha superado ya las 51.300 firmas contra el plan del Gobierno de Asturias que permite abatir hasta 67 lobos durante esta temporada. Pero el conflicto ha llegado también a los tribunales.
El programa, aprobado a finales de agosto y en vigor desde el 3 de septiembre, forma parte del II Plan de Gestión del Lobo del Principado. Según los datos difundidos por el Gobierno asturiano, hasta ahora se han abatido siete ejemplares, mientras que otro ha sido encontrado muerto. El objetivo declarado de los controles es reducir los daños que estos animales ocasionan a la ganadería.
Varias organizaciones conservacionistas, entre ellas el Fondo para la Protección del Lobo, ASCEL, la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica y Ecoloxistes n’Aición d’Asturies, han recurrido el programa ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y solicitado su suspensión cautelar. Consideran que no se deberían matar ejemplares mientras la especie no alcance un estado de conservación favorable y mientras siguen abiertas cuestiones jurídicas sobre su protección.
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Los defensores de la medida advierten de daños los sobre las explotaciones ganaderas y los animales domésticos
En el lado contrario se encuentran organizaciones relacionadas con el mundo cinegético. La Fundación Artemisan, junto a la Unión Rural Asturiana, GANAGRI y otras entidades que representan los intereses de los cazadores, se ha personado en el procedimiento para defender la continuidad del plan. Sostienen que paralizar los controles podría aumentar los daños sobre las explotaciones ganaderas y los animales domésticos.
La batalla en los tribunales
La disputa ha llegado incluso al terreno económico. Artemisan ha pedido que, si la Justicia decide suspender cautelarmente el programa, se exija a las organizaciones ecologistas una fianza de 1,91 millones de euros, cantidad que calcula equivalente a los posibles daños derivados de la paralización de los controles.
El lobo ibérico enfrenta a cazadores y ecologistas. / Lillian King
El lobo ibérico enfrenta a cazadores y ecologistas. / Lillian King
En el fondo de la discusión existe también un desacuerdo sobre cuál es el estado real del lobo. Mientras el Gobierno central considera desfavorable su conservación en España, un informe promovido por Galicia y respaldado por varias comunidades autónomas sostiene que la situación es favorable en dos de las tres regiones en las que se divide su hábitat.
A esta batalla política y judicial se suma ahora la presión ciudadana. La petición de Change.org sostiene que matar lobos no resuelve el problema de fondo y reclama medidas preventivas para facilitar la convivencia con el ganado, además de compensaciones adecuadas para los productores afectados. Su impulsora defiende también el valor ecológico del depredador por su papel en el control de poblaciones de animales como ciervos y jabalíes.
Las posiciones, por tanto, siguen muy alejadas. Para sus detractores, el plan supone matar ejemplares antes de que los tribunales puedan resolver definitivamente sobre su legalidad. Para sus defensores, detenerlo podría dejar durante meses o años a los ganaderos sin una herramienta que consideran necesaria. Entre ambos argumentos quedan hasta 67 lobos autorizados para ser abatidos y una controversia que, lejos de cerrarse, vuelve a mostrar hasta qué punto la convivencia con este animal continúa dividiendo al mundo rural, las administraciones y el movimiento conservacionista.
