La Unión Europea quiere que los móviles nos duren más

La Comisión Europea ha redactado una nueva legislación que exigiría a los fabricantes te smartphones ofrecer un soporte más a largo plazo para sus dispositivos. Esta medida está motivada por un deseo de reducir la cantidad de residuos, además de proteger a los consumidores de un comportamiento predatorio.

La propuesta busca establecer un plazo mínimo de soporte, que se aplicará a todos los dispositivos Android que se vendan en todo el territorio europeo. Bajo las nuevas reglas, los vendedores tendrán que darles a sus clientes tres años de actualizaciones importantes, y hasta cinco años de parches de seguridad, prácticamente doblando la vida útil de los teléfonos más baratos.

Tal y como están las cosas ahora, algunos vendedores ofrecen un soporte bastante generoso, como por ejemplo Google, que ya cumple estos nuevos objetivos con sus Pixel 6. Pero muchos fabricantes prometen actualizaciones durante poco tiempo, o incluso no especifican el tiempo de su duración.

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Esto puede crear un dilema para los propietarios de un smartphone, que pueden verse abocados a actualizar el teléfono por completo, con el coste que eso conlleva, pese a que funcione perfectamente, o perderse llegado el momento alguna nueva función o importantes protecciones de seguridad.

La nueva regla diseñada por la Unión Europea, además de limitar el daño que hace al medio ambiente el ciclo de actualizaciones actual, permitiría a los usuarios usar sus móviles durante un lustro antes de tener que hacer otra compra obligada.

De forma separada, la propuesta incluye medidas para protegerse contra lo que han llamado “obsolescencia programada”, una práctica en la que un dispositivo se fabrica deliberadamente para degradarse con el tiempo, lo que empuja al dueño a actualizarlo sí o sí.

Por ejemplo, la ley pedirá a los fabricantes que cumplan con las nuevas líneas de vida útil de la batería o que, en su defecto, recuperen mecanismos de antaño para que las baterías se puedan reemplazar. Los proveedores también tendrían que suministrar piezas y servicios de reparación durante al menos cinco años tras el lanzamiento del producto.

Antes de que la legislación se convierta en ley, tendrá que someterse a un periodo de consulta, que llegará hasta finales de mes. La propuesta sería implementada como muy pronto durante el último trimestre del año, teniendo las compañías un año de tiempo para que se empezara a introducir.