Especial
La meta de la Unión Europea para un cargador global está más cerca
El voto en el parlamento da un paso más hacia el objetivo.
El pasado mes de junio, los negociadores del Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo provisional para implementar una política común de cargadores a partir de otoño de 2024. Ahora, el Parlamento de la Unión Europea ha votado a favor, con 602 votos para el ‘si’, 13 en contra y 8 abstenciones.
El puerto USB-C será el estándar requerido para todos los teléfonos móviles, tablets y cámaras vendidas en Europa desde finales de 2024 en adelante. El conector será obligatorio para ordenadores portátiles un poco más tarde, en primavera de 2026. El siguiente paso para el Parlamento Europeo es aprobar la nueva directriz para que entre oficialmente en vigor.
La nueva ley también cubrirá un amplio rango de aparatos electrónicos de medio y pequeño tamaño, como auriculares, altavoces portátiles, consolas portátiles, lectores de libros electrónicos, teclados, ratones y sistemas de navegación para vehículos.
Aquellos dispositivos que sean demasiado pequeños para tener un puerto USB-C físico, como los sensores de salud o equipamiento deportivo estarán exentos de esta norma, por ahora. Veremos que pasa en el futuro con ellos.
El cargador común se convertirá por fin en una realidad para el terreno europeo. Se ha tenido que esperar más de 10 años para llegar a este punto, pero ahora podremos dejar atrás el montón de cargadores diferentes, formará parte del pasado.
Esta ley permitirá el desarrollo de soluciones de carga innovadoras en el futuro, y beneficiará a todo el mundo, desde los usuarios frustrados por cambiar de cargador hasta el vulnerable medio ambiente.
La meta a largo plazo de la nueva ley es ayudar a los consumidores a recortar la cantidad de material electrónico del que tienen que deshacerse, haciendo sus dispositivos electrónicos más sostenibles.
Los elementos de carga inalámbrica y de carga rápida serán estandarizados en todos los productos vendidos en el continente europeo durante los años venideros, y el Parlamento estima que los consumidores ahorrarán hasta 250 millones de euros por año gracias a la nueva ley. Además, se reducirán 11.000 toneladas de desechos electrónicos.