Especial
Aviso a los ayuntamientos: si no hay zonas de bajas emisiones, no habrá fondos europeos
El Ministerio de Transportes ha recordado sus obligaciones a casi 200 ayuntamientos, donde han de implementarse medidas para reducir el tráfico y la contaminación.
El objetivo de las ZBE es poner coto a los vehículos más contaminantes. / Jorg Greuel
Las llamadas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) empezaron a proliferar hace años en algunas de las principales ciudades españolas. A imagen y semejanza de lo que ya venía sucediendo en otras urbes europeas, grandes áreas del centro de ciudades como Madrid o Barcelona pusieron coto a los coches, especialmente a los más contaminantes, de cara a convertir sus calles en lugares más amables y reducir la contaminación ambiental.
Pese a que las consecuencias de respirar aire contaminado afectan a todos, independientemente de su color político, no todos los ciudadanos y partidos recibieron la medida con igual entusiasmo. Por ello, y muy especialmente con los cambios de gobierno que se produjeron en las sucesivas elecciones municipales, algunos alcaldes anunciaron su intención de revertir la situación y eliminar las citadas ZBE.
En España, la obligación de poner en marcha ZBE afecta a 149 municipios
Pero Europa decía otra cosa. La normativa europea dicta que, a partir de este 2023, todas aquellas localidades de más de 50.000 habitantes deben poner en marcha zonas de estas características, lo que en España afecta a un total de 149 municipios. Y sin embargo, muchos de sus alcaldes parecen no estar dispuestos a mover ficha.
Esa inacción podría salirles cara. Este miércoles se ha sabido que el Ministerio de Transportes ha enviado una carta a los casi 200 ayuntamientos, de todo signo político, que han recibido fondos europeos para financiar iniciativas de movilidad sostenible. Tal y como cuenta el diario El País, que ha tenido acceso a la misiva, el Ministerio advierte de que les exigirán la devolución de las ayudas correspondientes a los fondos Next Generation si no ponen en marcha sus áreas de tráfico restringido o modifican sin permiso cualquier otro proyecto subvencionado, como los carriles bici.
Cambiar nuestras costumbres
La advertencia del Gobierno llega tras las declaraciones de Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, que este martes amenazó a los alcaldes díscolos con recurrir sus planes ante los tribunales. Recientemente, Ribera declaró que “la movilidad sana que demandamos tiene que ver con las calles peatonales, las zonas de bajas emisiones, la normalización de las bicicletas y el uso del transporte público, lo cual implica una importante modificación de nuestras costumbres”.
El dinero debe financiar ZBE, carriles bici o peatonalizaciones
El dinero que está en juego no es poco. En total, el Ministerio de Transportes ha concedido 1.500 millones de euros procedentes de los fondos europeos a 196 municipios y dos entes supramunicipales de toda España. El dinero debe destinarse a financiar 1.064 actuaciones de movilidad sostenible: además de las citadas zonas de bajas emisiones, los consistorios deben llevar a cabo peatonalizaciones, carriles bici o compra de autobuses eléctricos, entre otras.
La noticia coincide, además, con la Semana Europea de la Movilidad. Hasta el próximo sábado, las principales ciudades del viejo continente ponen en marcha toda una serie de acciones y campañas destinadas a la concienciación sobre la sostenibilidad. El objetivo: que todos podamos vivir en ciudades más amables y respirar un aire más limpio.
