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La sequía que no cesa: las restricciones de agua afectan a más de 9 millones de personas
Las lluvias caídas en los últimos meses apenas han aliviado la situación de comunidades como Catalunya y Andalucía.
Septiembre y octubre fueron meses especialmente lluviosos. A lo largo y ancho de la península, el agua hizo acto de aparición, en muchos casos de manera torrencial. Pero eso no fue suficiente para acabar con la sequía. Es más: ahora, cuando está a punto de comenzar el mes de diciembre, algunas zonas como Catalunya o Andalucía siguen sufriendo las consecuencias de esa sequía en forma de restricciones al consumo de agua.
En total en esas dos comunidades autónomas hay cerca de 9,4 millones de personas que se han visto obligadas a restringir su consumo: 5,9 en Catalunya y 3,5 en Andalucía. En la primera, los embalses se encuentran estos días al 18% de su capacidad, lo que convierte la actual sequía en la peor de su historia, con más del 50% del territorio afectado. En los últimos años apenas han caído 1.400 de los, al menos, 1.900 litros por metro cuadrado que se necesitan.
En 24 pueblos de la provincia de Córdoba y otros 14 en Málaga sufren cortes de agua
En Andalucía, y pese a que las lluvias fueron generosas en septiembre y octubre en parte de la comunidad, en noviembre apenas ha llovido, lo que ha provocado que los acuíferos sigan bajo mínimos y los embalses se encuentren al 20% de su capacidad. En 24 pueblos de la provincia de Córdoba y otros 14 en Málaga sufren cortes de agua.
Además, los expertos destacan que las lluvias caídas en los últimos meses no son especialmente beneficiosas, sino a menudo todo lo contrario. Las conocidas como Danas, acrónimo de “Depresión Aislada en Niveles Altos”, se producen de manera muy localizada, lo que resulta perjudicial para las cosechas y erosiona gravemente el suelo.
Preemergencia
La situación de Catalunya ha llevado a las autoridades a aprobar el plan de preemergencia. Los ciudadanos que residen en el área metropolitana de Barcelona y de Girona, que se abastecen del sistema Ter-Llobregat, tienen limitado el consumo a 210 litros de agua por habitante y día. Además, se ha prohibido el riego de parques y jardines, así como la limpieza de vehículos y calles con agua apta para el consumo humano. Por su parte, las restricciones de sectores económicos clave como la industria se mantienen en la reducción del 15% del agua. La falta de lluvia también se notará en el bolsillo: el recibo del agua subirá de media un 11,5%.
Los ecologistas ponen el foco en el turismo, la ganadería intensiva y la exportación de fruta
En la memoria de muchos catalanes está la emergencia que se dio en 2008, cuando el Gobierno tripartito que lideraba Pasqual Maragall fletó barcos cisterna procedentes de Francia que llegaron al Puerto de Barcelona para abastecer a la ciudad de agua potable. Fue a raíz de aquella sequía cuando se empezaron a construir desalinizadoras como la de El Prat (Barcelona), inaugurada en 2009, o la de Tordera (Girona). Ambas se encuentran a pleno rendimiento desde febrero de 2022, lo que ha conseguido evitar el desabastecimiento en las grandes ciudades.
Para organizaciones como Greenpeace, Aigua és Vida o Ecologistas en Acción, el modelo actual de crecimiento económico basado en el turismo, la ganadería intensiva y la exportación de fruta es parte fundamental del problema. Respecto a la producción de agua desalinizada y regenerada, las organizaciones ecologistas alertan del impacto que estas infraestructuras tienen sobre el precio del agua, para la que además reclaman una gestión 100% pública.