España, Francia y Grecia quieren blindar a los menores en redes sociales: proponen una edad mínima en la UE

España, Francia y Grecia han unido fuerzas para presentar una propuesta conjunta que busca establecer una edad mínima común en toda la Unión Europea para acceder a las redes sociales. El objetivo es claro: proteger a los menores de los riesgos asociados al uso de estas plataformas, como la exposición a contenidos dañinos, el ciberacoso o la adicción digital.

La propuesta, que será debatida en la reunión de ministros de telecomunicaciones de la UE el próximo 6 de junio en Luxemburgo, no especifica aún cuál debería ser esa edad mínima. En lugar de imponer una cifra concreta, los tres países abogan por abrir un debate entre los socios europeos para alcanzar un consenso. Lo que sí plantean es la necesidad de establecer mecanismos obligatorios de verificación de edad y la incorporación de software de control parental en todos los dispositivos con acceso a internet.

Además, el documento propone que las plataformas digitales adopten diseños adaptados a la edad de los usuarios. Esto incluiría limitar elementos considerados adictivos o persuasivos, como la reproducción automática de vídeos, la personalización de perfiles o las ventanas emergentes. La idea es reducir la exposición de los menores a dinámicas que capturan su atención de forma excesiva y que pueden tener efectos negativos en su desarrollo.

Los ministros firmantes —Óscar López por España, Clara Chappaz por Francia y Dimitris Papastergiou por Grecia— subrayan que esta iniciativa no pretende criminalizar el uso de la tecnología ni imponer restricciones inviables. Reconocen que las redes sociales ofrecen oportunidades valiosas para el aprendizaje, la creatividad y la comunicación, pero insisten en que es necesario actuar ante los desafíos que plantean, especialmente para los más jóvenes.

La propuesta también se apoya en el marco legal ya existente en la UE. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) ya contempla una protección especial para los menores, y la reciente Ley de Servicios Digitales (DSA) obliga a las plataformas a ser más transparentes con sus algoritmos y prohíbe la publicidad personalizada dirigida a menores de 18 años.

Este movimiento se enmarca en un contexto más amplio de preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes. Diversos estudios han alertado sobre el aumento de la ansiedad, la depresión y los trastornos del sueño entre los jóvenes usuarios de estas plataformas. La propuesta de España, Francia y Grecia busca precisamente prevenir estos efectos antes de que se conviertan en problemas estructurales.

A medida que se acerque la fecha de la reunión en Luxemburgo, se espera que otros países se sumen al debate. La cuestión de fondo es si Europa está preparada para adoptar una postura común en un tema tan sensible como el acceso de los menores a internet. Lo que está claro es que la conversación ya ha comenzado, y que el futuro digital de los más jóvenes está, por fin, en el centro de la agenda política.