Minas o glaciares: la polémica iniciativa de Milei que divide a Argentina

Argentina vive días convulsos en muchos ámbitos, también en el medioambiental. Las imágenes de protestas frente al Congreso y los carteles con lemas como "El agua vale más que el oro" resumen bien la tensión. Son la respuesta a un movimiento polémico de Gobierno de Javier Milei: la reforma que cambia las reglas del juego en torno a los glaciares, unas reservas naturales clave para el suministro de agua, de cara a permitir en ellos la actividad minera. Una medida que ha abierto un intenso debate entre quienes ven una oportunidad económica y quienes alertan de un grave retroceso ambiental.

Hasta ahora, la ley aprobada en 2010 protegía de forma estricta los glaciares y las zonas periglaciares, es decir, aquellos territorios congelados que, aunque no siempre están cubiertos de hielo, cumplen una función esencial como reservas de agua dulce. Con la modificación, esa protección se flexibiliza: ya no todos estos espacios estarán automáticamente blindados, sino solo aquellos que demuestren un aporte hídrico que se considere "relevante".

El agua procedente del deshielo resulta clave para sostener la vida y la actividad económica

El cambio no es menor. En el país hay cerca de 17.000 glaciares que abastecen a decenas de cuencas hidrográficas y a millones de personas. En regiones áridas o semiáridas, como Mendoza o San Juan, el agua procedente del deshielo resulta clave para sostener la vida y la actividad económica, especialmente en un contexto de sequías cada vez más frecuentes a causa del cambio climático.

"Nada que proteger"

Desde el Gobierno defienden la reforma como una forma de "empoderar a las provincias" y permitir el desarrollo de proyectos donde, según argumentan, "no había nada que proteger". Los gobernadores de territorios ricos en minerales también apoyan la medida, al considerar que la normativa anterior frenaba inversiones y limitaba el crecimiento económico.

Pero la otra cara del debate es contundente. Organizaciones ecologistas y expertos alertan de que esta flexibilización puede poner en riesgo el acceso al agua. “La función principal de los glaciares es actuar como reservorio de agua dulce”, recuerdan desde grupos como Greenpeace, que insisten en que incluso las formaciones de hielo menos visibles son fundamentales para alimentar ríos y acuíferos.

Además, la reforma introduce un cambio clave: serán las provincias, y no organismos científicos nacionales, las que decidan qué zonas deben protegerse. Para los ecologistas, esto supone un paso atrás inadmisible y sienta un precedente muy peligroso.

La posibilidad de explotar recursos como el litio o el cobre en zonas antes protegidas ha despertado el interés de grandes compañías

El trasfondo económico también pesa. Argentina cuenta con importantes reservas de minerales como el litio o el cobre, muy demandados en la transición energética global. La posibilidad de explotar estos recursos en zonas antes protegidas ha despertado el interés de grandes compañías, algo que la oposición interpreta como una cesión a los intereses de la industria extractiva.

Mientras tanto, el conflicto ya ha salido de las instituciones y se ha instalado en la calle. Manifestaciones en distintas ciudades y críticas desde la comunidad científica reflejan una división profunda en la sociedad argentina. Para muchos, la cuestión es clara: no se trata solo de minería, sino de decidir qué modelo de desarrollo quiere el país. Y de equilibrar el crecimiento económico y la protección ambiental en un contexto de recursos cada vez más limitados. Y, en este caso, con un elemento esencial en juego: el agua.