Aznalcóllar vuelve a encender las alarmas ambientales casi 30 años después

Casi tres décadas después del desastre que marcó un antes y un después en Andalucía, Aznalcóllar vuelve al centro del debate. Organizaciones como Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han reiterado su rechazo frontal al proyecto de reapertura de la mina por los riesgos que supone para el medio ambiente.

El contexto no es menor. El 25 de abril se cumplieron 28 años de la rotura de la balsa de lodos tóxicos de la mina de Boliden, en 1998, que contaminó el río Guadiamar y puso en jaque al entorno de Doñana. Aquella catástrofe sigue muy presente en la memoria colectiva, y ahora vuelve a ser referencia obligada ante los nuevos planes mineros.

La catástrofe sigue muy presente en la memoria colectiva

La preocupación no es solo histórica. El próximo 9 de mayo, colectivos de pescadores, comerciantes y vecinos del estuario del Guadalquivir se manifestarán junto a organizaciones ecologistas para denunciar los vertidos de la mina Cobre Las Cruces entre 2009 y 2023. También protestarán contra los nuevos vertidos previstos tanto en la reapertura de la mina de Los Frailes como en el proyecto subterráneo de la propia Cobre Las Cruces.

Un ecosistema frágil

Lo que está en juego es el equilibrio de un ecosistema especialmente sensible. Según denuncian los colectivos, los planes autorizados incluyen el vertido de enormes cantidades de aguas contaminadas con metales pesados como arsénico, cadmio o plomo. Solo en la fase inicial se prevé liberar más de 17.000 millones de litros en apenas año y medio. Después, durante la explotación, la cifra se dispararía hasta los 68.000 millones.

El impacto potencial va mucho más allá del agua. Los cultivos de arroz de la marisma sevillana y la pesca en la desembocadura del Guadalquivir podrían verse gravemente afectados. Y, con ello, la salud de quienes consumen estos productos.

Uno de los puntos más críticos es que, según las organizaciones, no se han tenido en cuenta los efectos acumulativos de los vertidos. Es decir, el impacto conjunto de lo ya vertido durante años y lo que se plantea ahora. Tampoco se habría evaluado adecuadamente cómo afectan estos proyectos a espacios protegidos como el Bajo Guadalquivir o el entorno de Doñana, incluidos en la red europea Natura 2000.

A esto se suma la crítica a la falta de participación y transparencia. Denuncian que el Consejo de Participación de Doñana no ha podido pronunciarse sobre el proyecto, algo que consideran obligatorio.

Ante este escenario, las organizaciones reclaman medidas claras: paralizar nuevas concesiones de agua, crear un comité científico independiente y evaluar si estos vertidos comprometen los objetivos europeos de calidad del agua para 2027.