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Neonicotinoides: los insecticidas tóxicos que acaban en tu plato
Su misión es acabar con las plagas, pero también pueden suponer un importante riesgo para los seres humanos. Te contamos qué son y cómo afectan a la salud los neonicotinoides.
Una avioneta rocía con insecticida campo de cultivo. / Getty Images
La importancia de los insectos para los ecosistemas es clave: entre otras muchas tareas, polinizan las flores, se alimentan de materia orgánica y, al mismo tiempo, sirven de alimento para otras especies. Y sin embargo, a menudo los combatimos con fiereza para evitar que dañen nuestras cosechas. Sí: los insectos son esenciales, pero también molestos.
En la batalla que libramos contra ellos, vamos ganando por goleada: según diversos estudios, la masa total de insectos en el planeta está disminuyendo a un ritmo del 2,5% anual. Si la tendencia continúa al mismo ritmo, la Tierra podría quedarse sin estos animales de aquí a 100 años. De hecho, y aunque se hable mucho menos de ellos, los insectos se extinguen ocho veces más rápido que los mamíferos, las aves y los reptiles, en la que muchos consideran ya la sexta extinción masiva.
Entre las armas para luchar contra estos pequeños invertebrados, una familia de plaguicidas ha ido ganando peso en los terrenos agrícolas de todo el mundo durante los últimos años, especialmente desde la década de los 90: los neonicotinoides. Con una composición química similar a la de la nicotina, de la que toman su nombre, y bajo denominaciones comerciales que a la mayoría nos suenan ajenas, como imidacloprid, tiametoxam o clotianidina, se esconden potentes compuestos que actúan sobre el sistema nervioso central de los insectos, causándoles temblores, espasmos y, en última instancia, una parálisis que les lleva a la muerte en cuestión de horas.
Los insectos se extinguen ocho veces más rápido que los mamíferos, las aves y los reptiles
Hay más: una vez son vaporizados en las cosechas, los neonicotinoides se disuelven en el agua y son absorbidos por las plantas, lo que provoca que sigan siendo tóxicos durante semanas, e incluso años, después del tratamiento inicial. Dicho de otra manera: este tipo de plaguicidas acaban, sí o sí, en el plato y en nuestro estómago. Y así lo certifican los datos: el pasado mes de junio, un estudio de la Universidad de California en San Francisco desveló que 9 de cada 10 mujeres embarazadas de Estados Unidos tenían en su cuerpo cantidades medibles de 19 químicos y pesticidas diferentes, entre los que estaban, también, los controvertidos neonicotinoides.
Conocer con precisión el efecto de estos compuestos químicos en la salud humana resulta complejo, dado que apenas llevan unos pocos años utilizándose. Estados Unidos es, de largo, el país en el que están más extendidos: se calcula que el 100% de las semillas de maíz común del país y el 50% de las de soja se tratan con neonicotinoides. Es allí donde, precisamente, diversas investigaciones han relacionado estos plaguicidas con toda una serie de daños neurológicos, así como con la disminución de los niveles de testosterona, la alteración de la regulación de la insulina o cambios en el metabolismo de las grasas.
En el caso concreto del imidacloprid, experimentos como el llevado a cabo en 2015 por la Universidad de Dakota del Sur con grandes herbívoros expuestos a este neonicotinoide arrojaron casos de malformaciones y muertes prematuras. De hecho, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ha documentado más de 1600 casos de intoxicación humana por imidacloprid, en los que se han producido sarpullidos, cefaleas, respiración sibilante, amnesia e insuficiencia renal, entre otros síntomas. Y pese a todo, en lo que respecta a la exposición alimentaria a los neonicotinoides aún no existen evidencias científicas irrefutables de que resulten perjudiciales para los humanos.
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El doble rasero
En lo que respecta a Europa, y dado lo aprendido al otro lado del Atlántico, cabría pensar que la prudencia es el camino más sensato. Sobre el papel, el uso de muchos de los neonicotinoides no está permitido en la Unión Europea. Uno de los más empleados en otras latitudes con legislaciones más laxas, el tiametoxam, fue prohibido expresamente en 2018 al demostrarse sus efectos nocivos para las abejas y otras especies de insectos. Y sin embargo, España ha seguido fabricándolo y exportándolo. Según denunció Ecologistas en Acción en el informe ‘El doble rasero del mercado europeo de plaguicidas’, nuestro país exportó a China 1.260 kilos de este producto químico durante el año 2020. “De esta forma, los plaguicidas no autorizados en la UE pueden retornar en forma de residuos de plaguicidas a las estanterías de nuestras tiendas de barrio y supermercados sin generar la alarma de las autoridades”, denunció la organización ecologista.
Los neonicotinoides se disuelven en el agua y son absorbidos por las plantas
A veces, ni siquiera es necesario que estos insecticidas realicen un viaje de ida y vuelta a países lejanos para acabar en nuestra cesta de la compra. En cultivos concretos como el de la remolacha azucarera, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) ha considerado “justificado” el uso de emergencia de insecticidas con neonicotinoides en 11 estados de la UE, incluido España.
Pero, ¿qué puede justificar el uso de un producto tóxico en nuestros campos? Según las excepciones que recoge el Reglamento de la UE, el mero hecho de que exista “un peligro para los cultivos que no puede atajarse por otros medios razonables” es suficiente para que se pueda levantar el veto, siempre y cuando “no se disponga de productos o métodos alternativos o exista el riesgo de que la plaga pudiera hacerse resistente a los productos alternativos disponibles”. A esas autorizaciones excepcionales se han acogido Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Lituania, Polonia y Rumanía.
Hay alternativas. La siembra temprana, las medidas de biocontrol (como la presencia de plantas que aumenten el número de insectos beneficiosos) o la rotación de cultivos están recogidos por la propia EFSA como métodos efectivos, respetuosos y sostenibles. Pero como ocurre con casi todo lo que tiene que ver con el respeto al medio ambiente y el cuidado de la salud, a la hora de ponerlos en marcha entran en juego poderosos intereses económicos.
La industria agroquímica mueve miles de millones de euros al año. Grandes empresas como BASF, Bayer, Corteva, FMC o Syngenta controlan la mayor parte de la producción de toda una serie de químicos que, conviene recordarlo, son también esenciales para mantener el actual modelo de producción agroalimentaria. Porque aunque los insectos son clave para los ecosistemas, cuando se convierten en plaga entrañan una seria amenaza para las cosechas. Según organismos como la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA), hasta el 40% de la producción potencial de cultivos en el mundo se pierde anualmente por culpa de este fenómeno natural. La industria defiende sin fisuras el uso generalizado de agroquímicos, dado que ha permitido reducir los costes e incrementar notablemente la producción mundial de frutas y vegetales, forrajes y fibras.
¿Hasta qué punto merece la pena salvar y potenciar las cosechas utilizando productos que han demostrado ser tóxicos para la flora y la fauna? ¿Es necesario esperar a que la evidencia científica señale los riesgos que entrañan para la salud humana? Preguntas que quedan en el aire y cuya respuesta requiere, como ocurre con otras tantas cuestiones de índole ética, una reflexión profunda por parte de una ciudadanía informada y crítica.
